Miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos plantearon, en su vigésimo primera sesión ordinaria, la posibilidad de invitar a la persona que resulte designada como ministro del Interior para que brinde un informe sobre la participación de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas ciudadanas de los últimos días.

La primera en plantear la sugerencia fue la titular de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP), quien hizo un informe sobre su participación en la defensa de los derechos de los jóvenes detenidos, heridos, fallecidos y desaparecidos, y “de algunos comunicadores (que) habrían sido víctimas, hecho que constituiría una violación de los derechos humanos”.

La legisladora sostuvo la necesidad de garantizar los derechos de las personas, pero no solo por los ciudadanos que salieron a las calles a protestar, sino también en salvaguarda de la institucionalidad de la PNP, cuyos efectivos también tienen derechos fundamentales”.

“Necesitamos hacer una investigación imparcial”, enfatizó.

El congresista Alberto De Belaunde (PM) manifestó que sería positivo que junto con el nuevo ministro venga el comandante general de la PNP, Jorge Lam Almonte, y también el representante del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, para contar con los principales actores, y saber exactamente qué pasó.

De Belaunde preguntó “algo que es muy importante, ¿cómo evitar que pueda volver a suceder una situación de vulneración de derechos fundamentales?”.

La legisladora Rocío Silva Santisteban Manrique (FA) solicitó debatir el Proyecto de Ley 4986, Ley que deroga artículo de la Ley 31012, Ley de Protección Policial, propuesta que fue derivada a la comisión el 7 de mayo, y que le parece importante obtener un dictamen de Justicia, y de la Comisión de Defensa y Orden Interno, a donde también ha sido derivado.

El proyecto plantea, en palabras de Silva-Santisteban, la necesidad de que exista un principio de razonabilidad en el uso de la fuerza. La representante informó que en conversaciones con los miembros de la PNP, ellos le plantearon que existe “un problema con los protocolos, que no son tan claros, y que muchas veces no se pueden aplicar”.

Sobre ese punto, De Belaunde indicó que era muy necesario preguntar a los invitados cuáles son los protocolos, pues hay múltiples testimonios que grafican el hecho de que las propias brigadas de manifestantes auxiliaron a varios policías que resultaron heridos”.

MERITOCRACIA Y TRANSPARENCIA

Para obtener una opinión institucional sobre la fórmula legal contenida en el predictamen recaído en los Proyectos de Ley 454, 483, 1617/2016-CR, 3430/2018-PJ, 3580, 3677/2018-CR, 4930, 6218 y 6219/2020- CR, la comisión citó a los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El predictamen citado propone la Ley que implementa los principios de meritocracia, transparencia, democracia, eficiencia, integridad, publicidad y representatividad en el Poder Judicial.

Lazo Villón informó que el presidente de la JNJ, Aldo Vásquez Ríos, no pudo participar en función de que el pleno de la Junta Nacional de Justicia aún no ha podido definir una posición en torno al predictamen, por lo cual se reprogramará su participación.

Inmediatamente, hizo uso de la palabra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto Salinas, quien planteó algunas observaciones y aportes a la iniciativa legislativa.

Corvetto Salinas indicó que el predictamen permite, todavía, algunas mejoras, y sugirió la creación de una mesa de debate con la JNJ, con el interés de avanzar lo más rápido posible e incorporar algunas mejoras.

Ante una consulta efectuada por María Teresa Cabrera Vega (PP), el titular de la ONPE señaló que el sistema electoral funciona bien, pero hay que fortalecerlo, hacerlo más robusto, a partir de incorporar buenas prácticas, por ejemplo, en el desarrollo de software.

“Creemos que el sistema debe ser auditado sobre al código fuente, (debemos) añadir un segundo módulo para desarrollar mecanismos de autenticación a distancia”, sobre todo en la actual circunstancia sanitaria.

Gracias a una consulta de parlamentario Otto Guibovich Arteaga (AP), Corvetto aprovechó la ocasión para solicitar apoyo en su solicitud de obtener 147 millones de soles adicionales para el proceso electoral.

Comunicó que ya se había obtenido el compromiso de la exministra María Alva Luperdi, y había sostenido una conversación con el titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, Humberto Acuña Peralta.

Lima, 18 de noviembre de 2020

PRENSA-CONGRESO